La captura de la investigadora del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), Martha Lucía Pinilla, quien lideraba las actividades de policía judicial dentro del caso que la Fiscalía 10 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos adelanta por la muerte de Fernando Cepeda Vargas, ocurrido el 22 de agosto de 2003, pone nuevamente en alerta a la Administración de Justicia, pues se ha vuelto repetitiva, la utilización de falsos testigos en los procesos penales, patrocinados, incluso, por los funcionarios y policías encargados del acopio de los medios de prueba.

En este proceso, al que fue vinculada como determinadora Silvia Gette Ponce, ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, recientemente ella resultó favorecida con preclusión de la investigación proferida por esa misma Fiscalía

Luego de 13 años desde que ocurrieron los hechos en los que perdió la vida Fernando Cepeda Vargas, esposo de María Paulina Ceballos, hija del fundador de la Universidad Autónoma, Mario Ceballos Araujo, a manos de sicarios que lo acecharon desde que salió de su finca en Sabanalarga y quienes finalmente lo ultimaron en la vía Circunvalar, su familia, amigos y la sociedad en general ha venido esperando de la administración de justicia un castigo ejemplar para autores y partícipes del execrable crimen.

Sin embargo, hasta el momento lo que ha imperado es una impunidad absoluta. Dentro de la investigación se ha podido establecer que la muerte fue ordenada por el comandante paramilitar Pedro Soler Vellojín, ya fallecido, y ejecutada materialmente por Rafael Antonio Velilla Delgado, integrante de las AUC, actualmente detenido en una Cárcel de Montería y quien contó con la ayuda de otros cómplices que marcaron el recorrido de la víctima.

Es de anotar que antes de la muerte de Cepeda Vargas se hicieron públicos los enfrentamientos entre éste y Silvia Gette, los cuales tendrían como presunta motivación el desheredamiento de su esposa María Paulina por parte de su padre Mario Ceballos, diferencias que motivaron un sinnúmero de investigaciones de parte y parte, algunas incluso, dieron lugar a la detención de funcionarios de la rama judicial acusados de corrupción.

Sin embargo, fue después del proceso de desmovilización de las AUC cuando se conoció que a Fernando Cepeda Vargas lo asesinaron miembros del frente ‘José Pablo Díaz’, al mando de Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, siendo a la postre integrantes de esa organización criminal los que, en versiones rendidas en el marco de Justicia y Paz, señalaron a Silvia Gette Ponce como presunta determinadora del homicidio.

Fue entonces cuando los familiares de la víctima, incluyendo su propia esposa, confiaron en conocer la verdad de lo sucedido, pues en los terrenos de la Justicia Transicional, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición son sus principales objetivos. No obstante, sobrevinieron hechos que dejan mal vista a la administración de justicia.

En el desarrollo del proceso que adelanta la Fiscalía 10 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos por esos hechos, declararon los paramilitares Edgar Ignacio Fierro (Don Antonio), Yoni Garizábalo (alias ‘28’), Eliécer Ramón Orozco (alias ‘Cochebala’, Rafael Antonio Velilla Delgado, José Del Carmen Gelves Albarracín (alias ‘El Canoso’), Rafael Eduardo Julio Peña (alias ‘El Chiqui’), Sergio Barrios Alemán (alias ‘El Sayayin’), Juan Francisco Segura (alias ‘El Alacrán’), Edgar Córdoba Trujillo (alias ‘5.7’) y Augusto Guillermo De Hoyos Gutiérrez, entre otros.

Muchos de ellos cuestionados e investigados por la misma Fiscalía, precisamente por la comprobación de falacias en muchos de sus relatos, a tal punto que el último de los citados ya fue condenado por faltar a la verdad dentro de varios procesos en los que intervino, testimonios que lejos de favorecer la búsqueda de la verdad, terminaron enredando ese proceso y favoreciendo la impunidad, pues algunos, sorpresivamente vincularon a María Paulina Ceballos Pardo con el homicidio de su esposo Fernando Cepeda.

Ello generó desconcierto, pues ni el más desprevenido habitante se imaginó que ésta, quien venía ejerciendo una dura tarea como víctima, representada incluso por Abelardo De la Espriella, resultara de la noche a la mañana cobijada con una medida de aseguramiento por la muerte de su esposo, mientras que la exrectora  salía bien librada con una abstención y prácticamente liberada de los cargos.

En medio del desconcierto que generaron esas decisiones de la Fiscalía 10 de Derechos Humanos de Bogotá, surgió una publicación de la revista Semana titulada “Silvia Gette contra las cuerdas” dando a  conocer una conversación que sostuvieron Edgar Ignacio Fierro y Rafael Eduardo Julio Peña, quienes revelan que funcionarios de la Fiscalía están interviniendo en la compra de testigos y que existe para ello un tráfico de dinero al interior de las cárceles.

Es decir, que la captura de la investigadora Martha Lucía Pinilla no deviene como producto del azar, no en vano, al consultar al entonces apoderado de María Pulina Ceballos, Jhonny Mercado González, sobre esa gravísima situación expresó: “A raíz de la publicación de la revista Semana me vi abocado a presentar denuncia penal para que se investigaran esos hechos que sin duda afectaban la moralidad pública, pues era evidente que algo turbio se percibía en el trámite del proceso, una vez se levante la reserva, los medios podrán corroborar que todo lo que ocurrió lo predije, pues no se necesitaba ser abogado para intuir que las cosas no están funcionando como deben ser, tanto es así, que solicité la variación de la asignación, empero, el Fiscal General de la Nación, por lo menos mientras estuve como representante de Maria Paulina, jamás se pronunció”.

Otro hecho es el de Nerly Gutiérrez Angarita, compañera del exparamilitar Sergio Luis Barrios Alemán (alias ‘El Sayayin’), asesinada por sicarios en el barrio Los Girasoles, el pasado mes de abril, quien habría recibido dos consignaciones por valor de cinco millones de pesos, presuntamente hechas por la investigadora Martha Lucía Pinilla Díaz, a través de unos familiares, como producto de un soborno y que tenía como propósito que éste faltara a la verdad para favorecer a Silvia Gette.

Miguel Del Río Malo, actual defensor de María Paulina Ceballos, aportó las dos consignaciones para que la Fiscalía investigara a su propia servidora, lo más grave de todo es que se conoció que la mujer asesinada estaba próxima a declarar dentro de la investigación que se adelanta contra la investigadora, surgiendo entonces la posibilidad de que haya sido ultimada con el firme objetivo de acallarla.

Pero lo que se ha podido conocer extraoficialmente es que no solo a Barrios Alemán (alias ‘El Sayayin’), le hicieron consignaciones sino que también otros postulados recibieron prebendas para que declararan y deformaran la verdad.

El mismo Rafael Eduardo Julio Peña (alias ‘El Chiqui’), habría manifestado en una declaración que se corría el rumor que a la Fiscal del caso le habrían sido entregados 5.000 millones de pesos, hechos que según el abogado Jhonny Mercado, fueron denunciados en su momento y sería bueno conocer cuál es el estado de esa investigación, pues si la Investigadora giró ese dinero, es porque detrás de ella existían otras personas interesadas en las resultas del proceso.

En su oportunidad, Zonacero.com publicó: “Fiscalía imputó falsedad a “Don Antonio” y “28”, testigos en proceso contra Silvia Gette”, donde el director nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en Materia Penal de la Fiscalía General de la Nación, Camilo Burbano, dijo que la Fiscalía Décima de Derechos Humanos solicitó al grupo de falsos testigos que se investigaran las inconsistencias halladas en los testimonios de los dos hombres. “Una vez realizada la investigación, esas inconsistencias dieron lugar a un posible falso testimonio, por eso se realiza la imputación contra esas personas”.

Actualmente, contra Silvia Gette hay dos procesos, uno por soborno y otro por falso testimonio. “Este proceso, lastimosamente, ha tratado de ser manipulado en innumerables ocasiones, de ahí que nosotros hayamos realizado una investigación muy profunda y tengamos una serie de hipótesis para develar quiénes son las personas que están, en primer lugar, detrás del homicidio, y en segundo lugar detrás del ocultamiento de elementos materiales probatorios”, explicó Burbano.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿Quién dijo la verdad, estos que ya fueron imputados y a quienes la Fiscal 10 de Derechos Humanos les compulsó copias por considerar que las declaraciones contra Silvia Gette era infundadas o aquellos que fueron manipulados por la Investigadora Martha Lucía Pinilla para que favorecieran a Silvia Gette?

Lo único cierto es que, sin duda alguna, esta grave situación empaña la instrucción y pone en tela de juicio la legalidad del proceso en cuanto a la consecución de la prueba.

Y más tétrico se pone el asunto cuando al interior de ese mismo proceso se generaron otras acciones también dignas de cuestionamientos, como fue la de pretender vincular a otras personas que nada tenían que ver con esos hechos.

También en su oportunidad los medios de comunicación dieron a conocer que  presuntamente en una finca de la misma María Paulina Ceballos se habría celebrado una reunión a la que habrían asistido el exjugador Orlando Niebles, compañero sentimental de la ex rectora, Carlos Rodríguez  y Sergio Jaramillo, la cual tuvo como objeto introducir al interior del proceso situaciones para deformar el norte de la investigación y sacar limpia a la exrectora de ese lío, de allí que fueran de alguna manera asociados a los hechos personas como Ricardo Rosales Zambrano, Ramsés Vargas y Álvaro Caballero, entre otros.

Por todo ello, además de aplicar la Ley para quien sobornó, también debería pasar con quienes recibieron el soborno, excluyéndolos del proceso de Justicia y Paz, retirándole todos los beneficios que otorga esta Justicia Transicional.